La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) elabora y difunde año a año su informe antirrepesivo. Los datos son crecientes desde el regreso de la democracia. “Lo que nosotros evaluamos en esta etapa puntual es cuál es el principal riesgo y cuáles son los principales peligros que tenemos enfrente”, dijo Facundo Merlán Rey, activista de la organización.
(Captura de pantalla Informe CORREPI 2022)
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difunde año a año un informe, en el cual sintetiza los casos de muertes por violencia represiva en Argentina. Se trata de uno de los reportes más significativos en esta materia, que mantiene actualizado su registro desde el regreso de la democracia, en 1983.
De hecho, la primera conclusión a la que arriba el informe de 2022 es que la tendencia es creciente. En el año 2022, dice el colectivo, se contabilizaron 436 muertes. Además, se pudieron corroborar 93 casos de años anteriores.
Un aspecto relevante que se reporta es que el 73% de los registros en los que estuvieron involucradas fuerzas de seguridad, ocurrieron bajo custodia. Un caso muy cercano que podemos mencionar es el de Daiana Abregú, joven hallada muerta en una comisaría de Laprida, localidad ubicada a un par de horas de Adolfo Alsina y con características sociodemográficas asimilables.
"Lo que vemos en los últimos años es una suba en los casos de muerte en lugares de detención. Esto tiene una relación directa con el incremento de la saturación carcelaria en nuestro país. Hay una relación entre el recrudecimiento de las leyes que endurecen las penas, a partir del 2017 con una ley que presentó el diputado Petri que dificulta el acceso a diferentes derechos o beneficios en el caso de delitos excarcelables o que no ameritan la retención en un lugar de detención”, contextualizó Fernando Merlán Rey, integrante de CORREPI.
Además, 80 personas fueron asesinadas por gatillo fácil, mientras que 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar, entre los cuales se comprende una desaparición. Más de tres cuartos de los casos se dieron en los cuatro distritos más poblados del país: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.
Si nos preguntamos por la edad de las víctimas, la juventud es un rasgo saliente: más del 60% tenían menos de 35 años. Esto confirma un axioma de los colectivos antirrepresivos, que suelen afirmar que las personas de menor edad suelen ser objeto de delitos así.
Al adentrarnos en el actual gobierno, desde la asunción de Alberto Fernández se acumularon 1.509 casos, con un promedio de 503 por año. Durante su gestión, creció la incidencia del Servicio Penitenciario en hechos de este calibre, como anteriormente mencionara. El hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria son cuestiones que se critican.
Comparando con el mandato de Mauricio Macri, CORREPI registró un promedio de 480 muertes por represión anuales. Aunque la media es menor, sí en el gobierno del Frente de Todos se redujo el protagonismo de las fuerzas federales y crecieron los homicidios en manos de la Policía de la Ciudad. También disminuyeron los casos de gatillo fácil.
CORREPI, con buen tino, subraya un aspecto relevante: el uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil. Con esta modalidad se dieron el 66% de los asesinatos por gatillo fácil y el 95% de los femicidios por parte de uniformados.
Fuente: Informe CORREPI 2022
Sobre este dato, Facundo Merlán Rey dijo: “Tuvo que ver con haber quitado los protocolos de seguridad que había implementado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el gobierno de Cambiemos. Particularmente, los que permitían disparar sin dar la voz de “alto”. En el caso particular de la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria, se derogó lo que se llama el “estado policial”, que habilita a la policía a portar y utilizar el arma fuera del horario de servicio. Si bien la Policía Aeroportuaria no era la que más casos tenía, desde que se tomó esta medida no tuvimos más casos de gatillo fácil por parte de esa fuerza”.
“A partir de los resultados de esta medida, ratificamos el pedido o la exigencia de que se quite el estado policial, la portación de armas fuera del horario de servicio para todas las fuerzas de seguridad”, añadió.
Y justificó: “Según nuestros informes, la incidencia en los casos de gatillo fácil con el arma reglamentaria fuera del horario de servicio, es muy superior a los casos que se dan cuando el policía está en funciones. El 76% de los casos de gatillo fácil se da con el policía usando el arma fuera del horario de servicio. Una medida de esas características disminuiría significativamente los casos de gatillo fácil.
La Coordinadora advirtió que un porcentaje de los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista, por lo cual comenzaron a sistematizar esos hechos.
Así, en el caso de los femicidios la cifra ha sido creciente: desde 1992 cuentan 434 sobre un total de 755 víctimas mujeres. “Esa cifra convierte a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”, apuntan. En el caso de las personas trans y travestis, se dificulta el archivo debido a que los reportes oficiales son deficitarios y no suelen respetar la identidad de género autopercibida.
Fuente: Informe CORREPI 2022
En lo atinente a muertes en la represión a la protesta, se registra una única muerte. Es sugestivo que se trate de Elías Garay, comunero mapuche de Río Negro, en un contexto de violencia contra los Pueblos Originarios. Obsérvese la continuidad respecto a los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
CORREPI solicita la adopción de una serie de medidas para abordar esta realidad que describe crudamente desde 1996, abarcando todo el período desde el fin de la última dictadura cívico militar. Entienden, sin embargo, que las medidas no va a cambiar el problema de fondo ante el objetivo de construir una sociedad sin explotación, opresión y represión. Concluyen afirmando que “no se generan cambios desde el cementerio”.
“Las principales medidas son dos y podríamos sumar una más. En líneas generales, tienen que ver con la exigencia de que se quite la situación de estado policial y la posibilidad de usar el arma reglamentaria en horario fuera de servicio”, amplió Merlán Rey.
“Por otro lado, exigimos al Estado también que cumpla la sentencia de la causa Bulacio, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado argentino a cesar con las prácticas históricas de detenciones arbitrarias”, continuó.
“Otra medida que identificamos como relevante es la exigencia de que cese el cobro de todo tipo de tasa de justicia y demás impuestos que se cobran a las familias que son víctimas de represión a la hora de que intervenga la justicia. Como sabemos, la mayoría de las víctimas son parte del pueblo pobre. También que sea el propio Estado el que deje de garantizar la impunidad para los miembros de la fuerza que cometen estos crímenes y que dejen de brindar la asesoría gratuita, diferente a la que podemos recibir todos nosotros, sino a los abogados provistos por el ministerio de Seguridad para estos casos”, agregó.
40 años de democracia
“Este año tiene la particularidad histórica de que se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia”, dijo el activista de CORREPI y reflexionó: “Es el período más largo de nuestra historia de democracia. Aunque está dañada y tiene muchas falencias, no deja de ser democracia al fin. Tenemos que defenderla por sobre los intentos de distintos sectores de retroceder a momentos que han sido de las peores etapas que podemos imaginar”.
En este sentido, puso de manifiesto que el acecho de cosmovisiones marcadamente marga la urgencia de resistir su avance. “El aspecto represivo es una de las principales deudas de la democracia, uno de los principales aspectos donde muestra falencias y donde no ha dado una solución a las problemáticas que CORREPI denuncia históricamente, desde hace 30 años. Tenemos la obligación también de evitar el avance de la derecha más rancia, con expresiones negacionistas. Evidentemente no es una lucha terminada”, señaló.
“Lo que nosotros evaluamos en esta etapa puntual es cuál es el principal riesgo y cuáles son los principales peligros que tenemos enfrente, para apostar a la mayor unidad posible. La represión es una política de Estado y no se va a solucionar con medidas concretas, porque está intrínsecamente relacionada con el sistema capitalista en el que vivimos. Mientras tanto, tenemos la responsabilidad de intervenir de una forma concreta que nos permita paliar los efectos de esta situación y que año a año presentemos este informe con menos víctimas”, finalizó.
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